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GOBERNADORES ALERTAN: LIQUIDAR LAS EPS SIN TRANSICIÓN TERRITORIAL PONE EN RIESGO A LOS PACIENTES Y PROVOCARÁ COLAPSO HOSPITALARIO

Prensa FND

viernes, 20 de marzo de 2026

La FND formula ocho demandas concretas al Gobierno nacional: mesa de coordinación territorial urgente, protección de la cartera de los hospitales públicos, garantía de traslado de aseguramiento en cada departamento antes de liquidar, acto administrativo formal sobre la deuda de la Nueva EPS, distribución proporcional de responsabilidades en las EPS de economía mixta, diseño del proceso con visión de transición de Gobierno, transparencia sobre el plan de acceso a medicamentos y garantía de la atención en salud integral de los colombianos:

Bogotá, 19 de marzo de 2026. La Federación Nacional de Departamentos (FND), en nombre de los gobernadores de Colombia, advierte que la instrucción presidencial del 16 de marzo de 2026 —que ordenó a los Ministerios de Salud y Hacienda proceder con la liquidación de todas las EPS en quiebra— carece de un plan de transición territorial que permita proteger los hospitales públicos, la prestación del servicio para los habitantes y desampara totalmente la población afiliada a los Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB.

Pero el riesgo no es únicamente financiero o administrativo. Una liquidación de EPS sin transición territorial ordenada, pone en peligro la continuidad real de la atención para miles de pacientes en las regiones, especialmente personas con enfermedades crónicas, de alto costo o que dependen de tratamientos permanentes. Pacientes oncológicos, renales, cardiovasculares, con enfermedades huérfanas o que requieren medicamentos especializados pueden quedar expuestos a interrupciones en autorizaciones, entrega de medicamentos, remisiones, procedimientos y controles médicos, con consecuencias graves para su salud y su vida.

Los datos del Sistema de Información Hospitalario (SIHO) del Ministerio de Salud con corte a diciembre de 2025, revelan la magnitud del riesgo: las ocho EPS intervenidas adeudan $10,6 billones solo a los hospitales públicos del país. La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación registradas en el SIHO, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable.

En ese contexto, si seis de estas ocho EPS llegarán a ser liquidadas como pretende el Gobierno, los hospitales públicos podrían enfrentar pérdidas efectivas de entre $3,6 y $4,5 billones en cartera prácticamente incobrable concentrada actualmente en esas entidades. Esa cifra equivale a entre el 33 % y el 47 % de toda la cartera hospitalaria pública nacional y representa, en la práctica, la diferencia entre la viabilidad y el colapso financiero de decenas de Empresas Sociales del Estado departamentales y municipales en todo el territorio. Ese impacto económico tendría además una traducción directa sobre la atención en salud: menos capacidad de respuesta hospitalaria, más barreras de acceso y mayores riesgos de interrupción en servicios esenciales para los pacientes más vulnerables.

“Los gobernadores reconocemos la gravedad de la crisis financiera de las EPS intervenidas y no ignoramos que muchas de ellas no son sostenibles. Pero lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial. No podemos permitir que el sistema de salud sea transformado de manera radical en el último año de Gobierno, sin un plan técnico verificable, sin consultar a los territorios y sin proteger a los hospitales públicos que son los únicos que atienden a los colombianos más pobres cuando las EPS fallan.”, declaró la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de la FND.

Ante esta situación, la FND formula al Gobierno nacional 8 requerimientos para que el proceso de liquidación de EPS sea viable, legítimo y constitucional:

Primera — Mesa de coordinación nación-territorio: el Gobierno nacional debe convocar con carácter de urgencia una mesa técnica en la que participen la FND, los ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y los secretarios de salud de los departamentos más afectados. Esta mesa debe producir, antes de cualquier acto administrativo de liquidación, un diagnóstico territorializado del impacto y un plan de contingencia diferenciado por departamento, con medidas específicas para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes, en especial de aquellos con enfermedades crónicas, de alto costo o tratamientos permanentes.

Segunda — Protección de la cartera hospitalaria pública: el Gobierno nacional debe establecer, mediante acto administrativo vinculante, un mecanismo específico que proteja la cartera que los hospitales públicos tienen acumulada con las EPS a liquidar. Las propuestas de fondos de garantía, esquemas de insolvencia diferencial y mecanismos de compra de cartera, planteadas por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, deben ser evaluadas y adoptadas antes del inicio de cualquier proceso liquidatorio. Sin este mecanismo, la liquidación de las EPS significará para los hospitales públicos departamentales, la pérdida contable de miles de millones de pesos que hoy figuran como activos en sus balances. Y esa pérdida no es abstracta: compromete la capacidad de los hospitales para seguir prestando oportunamente servicios, entregar medicamentos y sostener tratamientos de pacientes que dependen de la red pública para sobrevivir.

Tercera — Garantía territorializada de continuidad del aseguramiento: antes de liquidar cualquier EPS, el Gobierno nacional debe certificar que existe en el respectivo departamento un asegurador alternativo habilitado, con red de prestación suficiente y capacidad financiera probada, que pueda recibir a los afiliados trasladados, sin interrumpir sus tratamientos. Hay municipios en Nariño, Caquetá, Cauca, Huila, Córdoba, la Costa Caribe y los territorios de frontera donde las EPS intervenidas son el único asegurador disponible para poblaciones rurales y dispersas. En esos territorios, la liquidación sin alternativa equivale a la suspensión del derecho a la salud. En la práctica, puede traducirse en pacientes sin diálisis, sin quimioterapia, sin medicamentos vitales, sin remisiones y sin seguimiento clínico oportuno.

Cuarta — Acto administrativo formal sobre la deuda de la Nación con la Nueva EPS: el anuncio presidencial de que el Estado asumirá la deuda que le corresponde como copropietario de la Nueva EPS debe materializarse en un instrumento jurídico verificable, que precise el monto exacto que el Gobierno reconoce como deuda propia, la fuente de financiación, el cronograma de pago y los mecanismos de seguimiento. Los hospitales públicos que son acreedores de la Nueva EPS —que según los datos del SIHO les adeuda $6,04 billones— necesitan esa certeza jurídica para poder planificar su gestión financiera y no interrumpir la prestación de servicios.

Quinta — Distribución proporcional de responsabilidades en las EPS de economía mixta: la manifestada por la presidencia relacionada con que Savia Salud y Capital Salud 'sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas' es jurídicamente imprecisa. En ambas entidades participan, junto a los entes públicos territoriales, socios privados cuya responsabilidad proporcional no podría ser trasladada unilateralmente a los presupuestos departamentales o distritales. El Gobierno nacional debe reconocer que los departamentos y distritos no disponen de recursos extrapresupuestales para absorber la totalidad de esas deudas sin afectar otras competencias constitucionales prioritarias.

Sexta — Diseño del proceso con visión de transición ordenada de Gobierno: dado que el 7 de agosto de 2026 inicia un nuevo mandato presidencial, la FND solicita respetuosamente que cualquier proceso de liquidación que se inicie, sea diseñado con la suficiente gradualidad para que el Gobierno entrante pueda gestionarlo con plena información, sin heredar hechos consumados irreversibles que limiten sus opciones de política pública en salud.

Séptima — Transparencia y claridad sobre el modelo de acceso a medicamentos y giro directo: el presidente anunció que los medicamentos serán comprados mediante subasta inversa pagada por el Gobierno a través de la ADRES y que los recursos se girarán directamente a las redes hospitalarias mediante una fórmula matemática automática. La FND solicita que este modelo sea descrito con detalle técnico verificable: ¿quién define la fórmula?, ¿con qué criterios de territorialización se asignarán?, ¿qué garantías tiene el giro directo para los hospitales públicos de zonas rurales y alejadas?, y ¿qué ocurre en el período de transición mientras el modelo aún no está operativo? Los hospitales públicos no pueden seguir prestando servicios sobre la base de promesas no reglamentadas.

Octava – Garantía de la atención en salud integral de los colombianos: las barreras de acceso a la prestación de servicios de salud, ambulatorios, hospitalarios, quirúrgicos, de recuperación y de rehabilitación son claramente demostrables. La no entrega de medicamentos, la interrupción de tratamientos, el agravamiento de las patologías, y la muerte de los colombianos también se pueden comprobar con cifras. La FND solicita garantizar la continuidad de las atención de todos los colombianos, mediante la reorganización del sistema de salud, siendo ellos el principal eje de la garantía de los derechos en cumplimiento de la Constitución Política y demás normas.

La salud no admite vacíos de transición. Para los pacientes crónicos y de alto costo, cada día sin medicamentos, sin autorización o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en su condición de salud. Por eso, la FND insiste en que cualquier decisión sobre la liquidación de EPS debe partir de una planeación responsable, seria, territorializada y centrada en la protección efectiva de los pacientes.

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