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Dirigido al Señor Presidente de la República de Colombia, Dr. Gustavo Petro Urrego

• Gobernadores y alcaldes alertaron sobre el incremento de la violencia en 194,6%, las acciones armadas en 221,5 y las intimidaciones contra líderes políticos y sociales en 887,5 respecto al último periodo preelectoral (2021 vs 2025).
• Mandatarios advierten que en Colombia hay más hectáreas de coca que de yuca, papa, cítricos o banano; y que el 48% de los cultivos ilícitos se ubican en zonas de manejo especial, como Parques Nacionales Naturales, reservas forestales ley segunda, Resguardos Indígenas y en tierras de las Comunidades Negras.
• Mediante el ‘Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional’, los gobiernos departamentales le hacen solicitudes concretas y urgentes al Señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, y al Gobierno nacional.

Cali, Valle del Cauca, 30 de octubre de 2025 (@FNDCol)-. Desde el ‘Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional’, que tuvo lugar en la capital del Valle del Cauca con la presencia del Ministro de Defensa Nacional, representantes de los entes de control, las Fuerzas Militares y de Policía, y expertos de organismos internacionales.

El director general de la Policía Nacional, Brigadier General William Rincón Zambrano, presentó un ruta estratégica que busca estabilizar los problemas de convivencia y mejorar la seguridad ciudadana a partir de la articulación e integración interinstitucional, priorizando la anticipación e identificando patrones conductuales y delictivos. Este lineamiento fue acogido por los gobernadores quienes expresaron estar listos para su implementación.

Por su parte, los mandatarios territoriales presentaron al Gobierno nacional un diagnóstico y una serie de advertencias frente a las situaciones que desde el territorio se encuentran viviendo las comunidades

Los gobernadores elevaron solicitudes urgentes para enfrentar el debilitamiento del control institucional y la expansión de estructuras armadas ilegales que amenazan la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional, las mismas se agrupan en el ‘Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional’:

• Instamos al Gobierno Nacional a articular las políticas de seguridad nacional con las políticas regionales, con el fin de tener una sinergia eficaz y eficiente que establezca reglas claras y dé herramientas a las autoridades territoriales para su proceder ante las demandas de la comunidad.
• Solicitamos se incremente el presupuesto por parte del Gobierno nacional para el sector defensa, seguridad y justicia que garantice la operación en territorio de las Fuerzas Militares y de Policía y honre el principio constitucional de corresponsabilidad. Esto permitirá frenar la intención criminal de los grupos armados organizados que buscan implementar una gobernanza criminal.
• Pedimos al Gobierno nacional se fortalezcan las capacidades de inteligencia y tecnología de las Fuerzas Militares y de Policía. Esto en respuesta a los nuevos retos que ha impuesto la criminalidad con la implementación de nuevas modalidades de ataque.
• Se debe tomar acciones urgentes de control sobre los cultivos ilegales. De acuerdo con los expertos que participaron en el encuentro, el 48% de los cultivos de coca se localiza en zonas de manejo especial, como Parques Nacionales Naturales, reservas forestales ley segunda, Resguardos Indígenas y en tierras de las Comunidades Negras. Este fenómeno refleja un conflicto entre la conservación ambiental y las economías ilícitas, que arrasan con la biodiversidad y que, junto con la minería ilegal, se han consolidado como los mayores depredadores ambientales del país.
• Requerimos con urgencia una intervención interinstitucional que combine justicia, inversión social, desarrollo económico y fortalecimiento de la autoridad civil, así como una acción estatal coordinada y contundente en municipios y zonas rurales donde se ha aumentado la presencia de estructuras criminales.
• Colombia no puede fragmentarse. La soberanía no se negocia, se ejerce. Solicitamos la suspensión inmediata de los beneficios políticos, jurídicos y/o económicos otorgados a estructuras armadas ilegales activas. No puede haber paz con impunidad ni legitimación de la violencia. Es urgente una redefinición de los límites de la política de Paz Total, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
• Formular un Plan Nacional de Recuperación Institucional, con metas verificables y programas de acción inmediata que garanticen la presencia integral del Estado en los territorios y construcción de hojas de ruta con objetivos, acciones y plazos de ejecución claros.
• El Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y la institucionalidad deben garantizar plenamente que los ciudadanos puedan votar de manera libre, democrática y en paz, sin ningún tipo de condicionamiento ni intimidación, en las elecciones Presidenciales y de Congreso del 2026.

Desde los gobiernos territoriales reconocemos y aplaudimos los importantes golpes propinados a las estructuras criminales —como la captura de alias El Viejo y alias Grano, entre otras acciones contra cabecillas de la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el ELN; así como el irrestricto compromiso y servicio de las Fuerzas Militares y de Policía en la batalla que día a día libran para salvaguardar la soberanía nacional.

Hoy, donde no llega el Estado, llega la ilegalidad; donde debería haber más protección, hay más criminalidad. Si dentro de las ciudades se registran ataques criminales, ¿Qué se puede esperar de las realidades en las regiones apartadas?. Los mandatarios departamentales coincidimos en la premisa de que proteger la democracia y la seguridad ciudadana es condición indispensable para el desarrollo social y económico del país. Las regiones son el primer frente de defensa de la paz y el progreso. Cuidarlas es cuidar el futuro de Colombia.