Su dinámica está trascendiendo fronteras y se ha convertido, según lo certifica el Banco de la República, en un polo que durante los dos últimos años ha sido capaz de atraer inversión extranjera directa del orden de los 1.103 millones de dólares.
Esos atributos fueron materia de análisis en Barranquilla, durante la segunda edición del Foro que analiza en las seis principales regiones del país la incidencia de la construcción y el agro en el rescate del aparato productivo del país y sus regiones, organizado por la Federación Nacional de Departamentos.
La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, perfiló allí un revolucionario programa que condensa esos atributos y hace mensurables las perspectivas del sector. Se trata de Exportar Vivienda, iniciativa llamada a potenciar las ventas en el mercado externo, que anualmente llegarían a las 50.000 unidades, con un valor promedio de 100.000 dólares.
La oferta está dirigida a una atractiva franja de inversionistas de la que hacen parte los pensionados colombianos residentes en el exterior. Se trata de un mercado que traería al país divisas por 5.000 millones de dólares, comparables en volumen con las remesas que envían nuestros migrantes a sus familias en el país y superadas tan solo por las que producen las exportaciones anuales de petróleo.
El Eje Cafetero, Antioquia, la costa Caribe, Valle del Cauca y las capitales del país como Ibagué, Montería, Valledupar, Neiva, entre otros, se destacan como los destinos elegidos para este tipo de inversión. El terreno para favorecer la inversión está abonado. Con visión de futuro, las entidades territoriales ya incluyeron 16.000 hectáreas de suelos en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Hace falta, por supuesto, generar condiciones y garantías adicionales: mejores servicios públicos y mayor seguridad jurídica a través de una regulación que garantice la estabilidad de las inversiones.
Le asiste razón a Hernando José Gómez, el presidente de Asobancaria, cuando advierte que es preciso darle a la vivienda un tratamiento similar a aquel que está reservado para la exportación de otros bienes y servicios. La exención del IVA para algunos materiales de construcción, por ejemplo, les permitiría a los constructores destinar mejores recursos para la promoción de sus proyectos en el exterior.
El éxito de un programa, viable y plausible, significaría mayores ingresos fiscales al ampliarse el volumen de contribuyentes que pagarán impuesto predial. Crecería también el recaudo del impuesto de renta a cargo de constructores y productores de materiales e insumos. Simultáneamente, la disciplina fiscal en los territorios se vería fortalecida. Ingresarían así recursos que tanta falta le hacen a los fiscos departamentales.
En el frente interno se advierte una dinámica no menos interesante. Durante los primeros seis meses del año la venta de vivienda nueva creció 43 por ciento en Colombia y en particular la Vivienda de Interés Social (VIS) registró un comportamiento histórico.
Como resultado de las sinergias de la construcción con otras industrias que hacen parte de su enorme cadena de valor, fueron creados durante el mes de junio 131.000 puestos de trabajo. Eso significa que el sector tiene una participación del 7,1 por ciento del empleo en el país ya que ocupa a un total de 1′456.791 personas. Este es, a no dudarlo, uno de los signos más claros del comienzo de una reactivación que será auspiciosa.
En el ámbito de la infraestructura urbana y los equipamientos se hace visible un potencial susceptible de ser aprovechado. A expensas de los nuevos recursos, los alcaldes pueden encontrar alternativas seguras para alcanzar el cierre financiero de obras vitales como colegios, centros de atención a la primera infancia o bibliotecas.
La construcción, sin duda alguna, se convierte en uno de los grandes pilares de la anhelada reactivación económica del país y sus regiones. Por eso el Estado debe seguir prestándole la atención necesaria en estos tiempos en los que ya comenzamos a hablar de la poscrisis.