lunes, 19 de septiembre de 2022
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Columna del director
El PND y la voz soberana de las regiones
Por: Didier Tavera Amado
Tradicionalmente, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) hacía un tránsito entre los despachos públicos en donde era formulado y los recintos parlamentarios a donde llegaba para debate y aprobación. Las escalas de ese tránsito eran breves y consistían en consultas a los gobiernos territoriales, aunque la mayoría de las veces los aportes de estos llegaban directamente a las cámaras legislativas. Hoy se avizora un interesante y llamativo cambio de rumbo orientado por la brújula de la participación.
Por decisión del Gobierno nacional, la estructuración del Plan tendrá esta vez como punto de origen una serie de diálogos regionales a los que el presidente de la República les ha conferido el carácter de “vinculante”. Esto quiere decir que el Gobierno nacional le da una nueva dimensión a la voz de las regiones y les reconoce una categoría soberana, a tono con una Constitución que consagra los principios de descentralización y autonomía.
Desde esa perspectiva, el eje del PND será la construcción colectiva de la que el mandatario llama la ‘paz total’. Los escenarios para esa construcción serán, en principio, 50 regiones que tienen varias condiciones en común: por ellas ha pasado el meridiano de la guerra y en ellas los indicadores sociales dibujan condiciones de pobreza y desigualdad.
Sin que el presidente lo hubiera descrito así en su primera alocución televisada, el modelo apela a uno de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley estatutaria sobre la materia. Podríamos hablar de cabildos abiertos, donde serán oídas las opiniones de la gente, de actores sociales fundamentales y de la administración en todos sus niveles.
Ese propósito no solo es loable. Su real importancia radica en que el Plan tendrá un auténtico enfoque regional. Allí, en terreno, serán identificadas las necesidades y calculados racionalmente los costos de su atención. Allí se sabrá hasta dónde ha llegado un Estado que, por tradición atávica, se ha negado a desligarse del centralismo y hasta donde podrán llegar ahora los aportes de las entidades territoriales, depositarias de nuevas responsabilidades y obligaciones, pero también de mejores recursos para cumplirlas.
La participación, que debe seguir siendo transversal a todos los procesos en un Estado Social de Derecho, también va a señalar el rumbo demarcado en esa carta de navegación, que es el PND. Hay razones de peso para confiar en que el Plan será elaborado y ejecutado, no con criterio impositivo y vertical, sino como una manera para estimular un proceso expedito de análisis y construcción igualmente colectiva.
En los escenarios regionales, el Plan, nuevo vértice de la paz, podrá encontrar -también como fruto de la construcción colectiva- insumos vitales para la justicia social, económica y ambiental de las que nos habla el Gobierno nacional y en cuya construcción las administraciones territoriales están dispuestas a jugarse a fondo.
Sin vetos ni exclusiones, el proceso podrá abordar temas sustanciales, como las finanzas territoriales, el ordenamiento territorial, la seguridad, las tarifas de energía y otros que impactan el día a día de nuestras comunidades.
Los departamentos y los municipios ven la iniciativa con expectativas favorables y bien fundadas. La ven de esa manera, porque, desde la misma forma en la que el Plan Nacional de Desarrollado convoca a una participación abierta, los avances en la construcción de la descentralización y la autonomía podrán encontrar ahora nuevos cauces.
Más y mejores recursos y más eficiente inversión del recurso público es un propósito compartido por la administración pública en todos sus niveles. La solidaridad del Estado con la denominada periferia es también un punto de apalancamiento de avances sociales importantes.
En el modelo solidario que está siendo adoptado es saludable, porque servirá para hacer los ajustes necesarios en el área sensible de la inversión social. También para atender con agilidad coyunturas complejas como las que nos plantean la ola invernal y las escaladas de violencia que afectan a varias regiones. Es en este tipo de procesos en los que se advierte la verdadera fuerza de la participación ciudadana en un país de regiones.
Ha llegado la hora de darle a la participación regional el estatus que históricamente ha buscado.