Gracias a la cohesión, el vigor y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y a la decisión política del Gobierno, Colombia ha refrendado por estos días ante el mundo un mensaje claro y contundente: no permitirá que su democracia y Estado de derecho se vean doblegados ante facciones violentas que buscan expandirse al amparo de las economías criminales.
La captura de ‘Otoniel, jefe máximo del denominado Clan del Golfo, le ha demostrado al mundo que el país y su sociedad mantienen incólume el espíritu de unidad que en el pasado reciente –así hablemos del siglo pasado– les permitió afrontar victoriosos los cruentos desafíos lanzados por Pablo Escobar y su cartel de Medellín, así como por los jefes del cartel de Cali, que hoy saldan sus cuentas con la justicia en una cárcel de Estados Unidos.
La caída de ‘el Viejo’, integrante del estado mayor del Frente de Guerra Occidental, abatido por destacamentos conjuntos del Ejército y la Policía en Litoral Bajo San Juan, departamento de Chocó, no es cualquier logro operacional. Se trata de un golpe certero a las organizaciones que han pretendido copar la frontera agrícola del país y que disputan un control territorial contra organizaciones emergentes.
Estados Unidos y la Unión Europea, dos de nuestros principales aliados, miran hoy con complacencia los resultados que viene alcanzando el Estado colombiano en su misión de restablecer una paz que guarde armonía con el ordenamiento jurídico que hoy defienden hombres y mujeres que se encuentran bajo banderas.
Con ‘Otoniel’ a buen recaudo, los analistas prevén posibles desbandadas y atomizaciones de una organización que se venía especializando en abastecer los mercados del narcotráfico y en asesinar a policías, líderes y lideresas sociales en regiones que hoy reciben con esperanza una mayor presencia del Estado.
Con ‘el Viejo’ y su estructura fuera de combate, Colombia recupera espacios vitales y los rescata de las fauces de los operadores del mercado de las economías criminales, de las cuales forman parte, además del narcotráfico, la minería ilegal y otros fenómenos generadores de zozobra entre comunidades vulnerables.
Los dos éxitos más recientes de las Fuerzas Armadas infunden mayor confianza en un momento coyuntural más que favorable para los intereses colombianos, en el que nuestro país y Estados Unidos perfilan una nueva y fortalecida agenda en su relación bilateral.
Las victorias colombianas en su lucha contra los factores de violencia han estado acompañadas por gestiones diplomáticas y avances de la mayor trascendencia en las relaciones con la Casa Blanca. Recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden certificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico y ahora los contactos realizados en instancias de la envergadura del IX Diálogo de Alto Nivel le da vida a una renovada agenda común.
En la agenda de la relación bilateral, el narcotráfico seguirá presente, pero salvo por el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos, ya no será el tema medular. La crisis del medioambiente, el fenómeno migratorio, el fortalecimiento del intercambio comercial y la lucha contra la covid-19 son parte de los propósitos comunes con un país en el que residen cerca de 2,7 millones de compatriotas emigrados.
Estos avances en el frente de la seguridad interna y de las relaciones internacionales favorecerán, simultáneamente, los programas de reactivación económica y rodearán de más confianza y mayores garantías a la inversión extranjera.
Representan también un impulso a los esfuerzos que libran las administraciones territoriales que, durante el reciente Encuentro por la Justicia, la Paz y la Convivencia, acordaron en Montería las bases de una estrategia conjunta con el Gobierno y con los demás poderes públicos para la obtención de objetivos tan importantes como una reforma integral a la justicia, al sistema carcelario y a la resolución de conflictos.