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Invertir en infraestructura: el puente entre las brechas sociales y el desarrollo

El desarrollo de la infraestructura productiva del país no puede estar sujeto a banderas ideológicas ni condicionado por una supuesta batalla entre ricos y pobres. Los falsos dilemas, usados a veces para agitar el clima electoral, son ajenos a la necesidad de responder con obras a los desafíos de la competitividad, la ruta más expedita para el crecimiento de la economía y el cierre de brechas sociales.
En medio de obstáculos y condicionamientos, las APP pierden dinamismo y los rezagos en la construcción de carreteras, en el desarrollo de puertos y en la ejecución de proyectos multimodales de transporte reflejan un panorama de desaceleramiento.
La época de las concesiones 4G —cuando las inversiones alcanzaron el 1 % del PIB y se logró un crecimiento significativo bajo la sombrilla de las locomotoras de la infraestructura y la movilidad— contrasta con el panorama actual, que se ensombrece con registros de inversión que apenas alcanzan el 0,5 % del PIB en vías 5G y caminos vecinales.
Entre 1990 y 2023, se construyeron y mejoraron 2.927 km de nuevas vías en Colombia -1.400 km de ellos bajo el programa “Vías para la Prosperidad”-. Por estos corredores viales transitaron, en 2024, 172 millones de vehículos, lo que significó un recaudo de 2,8 billones de pesos en peajes. El discurso de levantar las varas de los peajes, la no indexación de los valores y el retraso en el pago de obligaciones -por más de un billón de pesos a contratistas- es nocivo para el sector y para el país. Como consecuencia, se ha generado un acumulado en el diferencial de recaudo del año 8 (DR8) de 5,9 billones de pesos a corte del año anterior.
Además de la urgencia en el desarrollo de infraestructura vial, Colombia debe aprovechar su posicionamiento geoestratégico como ventaja para la competitividad aeronáutica. El respaldo a iniciativas privadas -como los aeropuertos de Bayunca en Cartagena-Bolívar y la ampliación propuesta para el proyecto DoradoMax- permitirá agilizar procesos vitales para hacer del país un hub competitivo a nivel internacional. Así mismo, los proyectos de mejora aeronáutica en San Andrés, la construcción del aeropuerto en el Guainía y el aeropuerto de Cali -Valle del Cauca deben ser prioritarios y de interés nacional.
En Colombia hay mucho potencial. Nuestros departamentos pueden crecer y ser más competitivos, pero la falta de infraestructura frena su proyección y limita su desarrollo, como es el caso de Santander, que en último reporte del Índice de Competitividad se ubicó en el cuarto puesto, sin embargo, en el pilar de infraestructura, ocupó la décima posición; en infraestructura vial, fue 12; y en conectividad el 17.
Por otro lado, las apuestas por nuevos modelos de transporte que avancen en la intermodalidad serán clave para fortalecer el sector con opciones eficientes y sostenibles. Celebramos el avance de proyectos férreos que han atraído confianza inversionista, como el Regiotram en Cundinamarca, la primera línea del metro en Bogotá y el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná. No obstante estos avances, es fundamental rescatar y reactivar la actividad fluvial de nuestros canales hídricos, en especial la navegabilidad del gran cauce del río Magdalena, que ofrecerá una oportunidad para el transporte multimodal. Estos proyectos transformarán la movilidad de pasajeros y de carga, no solo en los territorios de injerencia, sino en el espectro nacional. No obstante, es fundamental que se puedan ejecutar otros proyectos como el tren del caribe que se encuentra en prefactibilidad y que potenciaría el turismo y el desarrollo de esta región.
En otras palabras, urge definir y garantizar reglas claras que atraigan confianza inversionista. La seguridad jurídica es una obligación ineludible si de verdad queremos que el desarrollo social transite por los corredores logísticos que demanda la competitividad, con reformas que permitan garantizar que las consultas previas y los procesos de licenciamiento preserven la sostenibilidad, pero sin convertirse en requisitos inhabilitantes. Igualmente, debemos entender que las regalías y las vigencias futuras pueden y deben ser usadas como verdaderos potenciadores de inversión, en un escenario de autonomía responsable.
Hoy, mientras la confianza se debilita en el plano nacional, crece desde lo regional, donde se han consolidado alianzas con empresarios que creen en la articulación entre niveles de gobierno y el sector privado. Preservar ese compromiso es clave para garantizar el financiamiento y el desarrollo que la infraestructura exige y que la competitividad necesita. Las regiones están dando ejemplo, liderando desde el territorio la transformación que el país reclama. Es momento de que la Nación deje de mirar desde lejos y se sume, con decisión, a construir país desde las regiones.