La innovación para impulsar el desarrollo agrario y la potenciación del turismo como el primer renglón no minero-energético generador de divisas, son dos de las principales apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar, desde las regiones, el desarrollo del país.
Los dos propósitos tienen como ejes transversales reformas de amplio calado y abren nuevos espacios de inclusión y diálogo, en los que cabrán tanto los grandes productores y empresarios como los pequeños operadores de industrias que hoy apenas trascienden la huerta casera. En ese contexto los explicó el mandatario electo durante su primer encuentro con los gobernadores, provisto de amplitud, franqueza y de una comunicación que debe seguir siendo fluida.
Resulta interesante analizar por separado cada uno de esos dos retos, complejos pero asumibles. La innovación en el agro irá de la mano de nuevas fuentes de financiación, a partir de un reimpulso al crédito para superar el actual “estado del arte”. De acuerdo con los resultados del III Censo Nacional Agropecuario, citado en el más reciente Informe enviado por la Contraloría General de la República al Congreso, la cobertura de crédito sectorial es apenas del 9,5 % y se destina, principalmente, a cubrir los costos iniciales del ciclo productivo.
Así las cosas, el 82,8% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) orientan el crédito a compra de insumos, pago de mano de obra, compra de animales e instalación de cultivos, mientras que sólo el 8.4 % es destinado en inversión en activos, vale decir, compra de maquinaria y de tierra, sin mencionar por ahora la innovación. Es vital priorizar la innovación y acompañarla de educación y de la tecnología indispensable para que contribuya al ordenamiento del aparato productivo de la Nación.
En su libro blanco que compendia sus propuestas al nuevo gobierno y a los congresistas que acaban de posesionarse, la Federación Nacional de Departamentos llama la atención sobre las causas de la escasa oferta de financiamiento en las zonas rurales y lo hace con fundamentos en resultados tangibles de las políticas públicas adoptadas. A diciembre de 2021, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural precisaba que la inclusión financiera en el área urbana era del 87,2%, mientras que la inclusión en el área rural apenas superaba el 65,1%, teniendo en cuenta que en áreas rurales dispersas era igual al 54,7%.
Mirada desde el enfoque de género, elemento también transversal a las reformas que se avecinan, el acceso de las mujeres rurales sigue siendo limitado al alcanzado por los hombres en una proporción del 70-30.
Las responsabilidades han quedado en buena medida en hombros del Estado. En el Presupuesto General de la Nación para 2022 se observa, por ejemplo, que 51 proyectos o rubros de inversión para el sector, el 43% son responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La desconcentración y la descentralización resultan más que aconsejables. Por eso es saludable el hecho de que varios de los gremios de la producción en el sector agrario, como Asocaña, se hayan declarado dispuestos a participar con sus aportes y experiencia en el proceso de reforma agraria y a trabajar de la mano con los pequeños productores en el fortalecimiento de la innovación. La participación enriquecerá la convicción, cada día más arraigada, de que la reforma debe estar adosada por la garantía del respeto a la propiedad y a la iniciativa privada.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con presencia nominal en los 32 departamentos y en todos los municipios, luce sobrecargado de competencias y por eso llegó la hora de considerar con seriedad la necesidad de que varias de ellas sean transferidas a los departamentos. La descentralización podrá jugar un papel fundamental en el cumplimiento de objetivos tales como el de incrementar los créditos agropecuarios con enfoque territorial para invertir en las zonas rurales y reducir las brechas sociales. También, para mejorar la operatividad de los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria.
Respecto a la industria turística, las potencialidades son indiscutibles. A instancias de la reactivación, las agencias públicas, en concurso con los privados, han venido generando nuevas narrativas para la atracción de visitantes. Hay ya insumos valiosos para alcanzar metas tangibles como la potenciación de la memoria histórica de todo el territorio nacional con acciones de turismo sostenible. Hay que potenciar también el turismo ambiental y ecológico y garantizarle la sostenibilidad que merece.
Las ideas para lograrlo son susceptibles de concertación y los recursos necesarios indispensables podrían provenir de alianzas público-privadas, que en el pasado reciente comenzaron a demostrar su eficacia. Si bien su intención es la de reducir beneficios y exenciones, el proyecto de reforma tributaria que llegará próximamente a las cámaras debe contemplar la necesidad de ampliar los plazos de los beneficios tributarios para el sector turismo, cuya bondad ha sido indiscutible al observar su progresiva reactivación.
Agro con innovación y turismo bien pueden alcanzar las condiciones de propulsores de una nueva era de desarrollo.