sábado, 24 de julio de 2021
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Columna del director
La agenda legislativa y las claves de la reactivación
Por: Didier Tavera Amado
Al emprender su última legislatura, el Congreso de la República tiene en su poder varias de las claves para impulsar la reactivación económica del país y para contribuir a que las finanzas territoriales, lesionadas por una drástica caída del recaudo tributario durante la pandemia, recobren su estabilidad.
Miramos con particular esperanza la agenda legislativa porque muy seguramente encontraremos en ella herramientas indispensables para que se facilite la apertura de nuevas fuentes de financiación, de manera que las entidades territoriales puedan cumplir las nuevas obligaciones derivadas de un gasto social que hoy le apunta a metas apremiantes como la disminución del desempleo, la educación de nuestros niños y jóvenes y garantía de un sistema de salud que continúe respondiendo a los retos actuales.
Una de esas herramientas deberá ser la flexibilización de las normas relativas a la disciplina fiscal y endeudamiento, a la luz de la nueva realidad. Aquí cobra especial importancia la interpretación cabal del espíritu de la Regla Fiscal, consagrada en el artículo 356 de la Constitución Política, que establece que no es posible asignar nuevas competencias y responsabilidades a las administraciones territoriales mientras no se les dispensen los recursos necesarios para cumplirlas.
En ese orden de ideas, desde la Federación Nacional de Departamentos hemos preparado una serie de propuestas que buscan contribuir a que el proyecto de Inversión Social permita darles una vigencia más amplia a normas de emergencia que resultaron útiles para mitigar los efectos de la pandemia y que el gobierno nacional sabiamente impulsó y respaldó mediante el Decreto 678 de 2020.
De hecho, una de las más importantes consiste en prorrogar disposiciones de dicho decreto, el cual ha facultado a gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica hacia la financiación de proyectos de reactivación económica y de gastos de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2023, sin necesidad de pasar por el filtro de Asambleas y Concejos.
Serían susceptibles de reorientación aquellos recursos del balance, excedentes financieros y utilidades que no constituyan rentas cuya destinación específica haya sido ordenada por la Constitución.
También resultaría de suma utilidad que la ley les ofrezca la posibilidad a las entidades territoriales y descentralizadas que hayan contratado créditos de tesorería sustituirlos por otros a largo plazo. Disminuiría así la presión sobre el gasto y quedaría garantizado el flujo de recursos para atender el servicio de la deuda.
Conviene además mantener la flexibilidad para que las entidades territoriales puedan contratar operaciones de crédito público, en el contexto de un equilibrio porcentual entre los ingresos corrientes y el saldo de la deuda.
En materia tributaria el Congreso estimularía a las entidades territoriales si les permitiera que, en desarrollo de su autonomía, concedan beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago, respecto de las sanciones e intereses de mora causados, dándole también un aire a los contribuyentes.
Otra propuesta de interés es la derogatoria parcial del artículo 13 de la ley 2052 de 2020 que creó la estampilla electrónica y dejó en hombros de departamentos, municipios y distritos la transferencia del 20 por ciento de sus recursos para financiarla. Las erogaciones exigidas llegarían anualmente, según cálculos técnicos, a los $267.972 millones.
Entre otras observaciones, podemos decir que la nueva figura desconoce los sistemas de recaudo de las estampillas en el ámbito territorial e ignora el hecho de que, al constituir tributos documentales, las estampillas no solo se causan respecto de los contratos y convenios estatales, sino que se generan también por la expedición de otros documentos que están por fuera del esquema de automatización propuesto en la ley. No podemos perder de vista que todos los departamentos tienen dinámicas presupuestales distintas.
Esta legislatura también ofrece la oportunidad inmejorable de darle un nuevo impulso al proyecto de Código de Régimen Departamental que ya aprobó el examen de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
De la misma manera como la crisis nos ha exigido al extremo, el proceso de normalización nos permitirá encontrar fórmulas de solución a instancias de la legislación.