lunes, 05 de septiembre de 2022
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Columna del director
Preservemos la seguridad jurídica
Por: Didier Tavera Amado
Ha sido oportuna y enfática la advertencia hecha por el Gobierno Nacional, a través de sus ministros de Defensa y Agricultura, en el sentido de que no permitirá que proliferen las invasiones de tierras ni las conductas violentas y de hecho con las que algunos grupos quieren imponer su propia “reforma agraria”.
Ha hecho bien los señores ministros Iván Velásquez -jurista de formación- y Cecilia López -conocedora como pocos de la realidad del agro- al recordar que la usurpación de la tierra está penada en nuestros códigos. Ambos, al amparo de la estrategia de la Seguridad Humana impulsada por el presidente Gustavo Petro, transmiten así al país un mensaje cuya esencia aboga por la vigencia de principios y derechos que están consagrados en la Constitución Política y que no pueden quedar expuestos al arbitrio de unos cuantos.
El principio de la seguridad jurídica, basado en la vigencia estable de las normas, y el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 58 de la Carta Fundamental, están en armonía con la máxima según la cual nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás.
Así las cosas, las reformas que ya están en ciernes y las que se avecinan deben preservar esa armonía. La reforma agraria, que estará basada en una regulación que busca potenciar la productividad de nuestro fértil territorio, buscará cerrar brechas en el acceso a la tierra, pero no representa -como lo creen equivocadamente algunos- una oferta abierta para aquellos que pretenden poseerla sin haberla trabajado o sin estar dispuestos a hacerlo. Bien ha dicho el presidente que para poner a producir la tierra se requiere preparación.
La transición que vive el país, interesante y al mismo tiempo compleja, genera entusiasmo y esperanzas legítimas. Sin embargo, no falta quien quiere aprovecharla para desbordar los límites de la seguridad jurídica a la que nos venimos refiriendo. Eso no solo pasa en sectores donde la ley es poco valorada y por ende desacatada. Ocurre también, quién lo creyera, en círculos que se suponen ilustrados.
En ese contexto nos sorprende y sobrecoge una propuesta contenida en proyecto de ley que buscaría “prohibir gradualmente” la exportación de ganado en pie y frenar también la importación de semillas modificadas transgénicas. Uno, que la industria ganadera es de por sí una amenaza para el ecosistema ambiental.
Los autores del proyecto ignoran o desconocen que el hato ganadero en nuestros territorios es hoy día una las principales y más estables fuentes de empleo en el campo. Su producción mantiene un impacto positivo sobre la canasta exportadora, aunque todavía no alcanza el grado de desarrollo que muestra en países industrializados, donde a nadie se le ocurría proscribir la actividad ganadera. En cuanto a la semillas, como bien lo ha explicado la ministra López, se trataría de una restricción al comercio y, de ser así, solo podría ser entendida como una restricción a los TLC. Como sería necesario acreditar el impacto de las semillas con la OMS, la decisión de frenar su importación sería del resorte del Gobierno y el Congreso. Por lo demás, las semillas son esenciales para promover una mayor productividad entre la población campesina.
Pero no son solo esos hechos comprobables los que son ignorados por los promotores de la iniciativa. Ellos también buscan, quizá sin advertirlo racionalmente, pasar por encima de los derechos de productores y llevarse de calle el concepto de la propiedad privada, que desde luego no puede entrar en conflicto con la función social que la misma Constitución atribuye al libre ejercicio empresarial.
En ambos casos, en el de la invasión y usurpación de tierras y en el intento legislativo por detener abruptamente el desarrollo agropecuario del país, está en juego el principio de la seguridad jurídica sin cuya observancia no podrían prosperar reformas que tendrían incluso el mayor arraigo social.
Todos estamos comprometidos a respaldar aquellas reformas orientadas a la conquista de la paz, de mayor productividad, de empleo rodeado de mejores garantías laborales y mayor equidad social. Pero para demostrar ese nivel de compromiso debemos comenzar por observar los derechos formulados por la Constituyente de 1991 que fue, precisamente, producto de un acuerdo de paz.
Le decimos sí a las reformas y al cambio social. También a los postulados que orientan la Seguridad Humana. Pero le damos igual respaldo a la vigencia de orden jurídico en un Estado Social de Derecho como es el nuestro.