Mientras Colombia comienza a recorrer los primeros tramos de la era de la postpandemia, la Nación y los territorios trabajan hombro a hombro en una tarea crucial para el fortalecimiento de la política pública en materia salud: la formulación del Plan Decenal 2022-2031, que será lanzado en abril próximo.
De la esencia de su trabajo hace parte el trazado de una hoja de ruta, con claros hitos financieros y operativos, para la consolidación de un modelo preventivo y para elevar los niveles de promoción y mantenimiento de la salud, todo ello de la mano de una gestión eficaz del riesgo.
La construcción del Plan Decenal es un reto que despierta el mayor entusiasmo entre los 32 secretarios de salud departamental. Así quedó demostrado durante Reencuentro realizado recientemente por la Federación Nacional de Departamentos. Interesados en asumir un rol de liderazgo, ellos interactuaron con el ministro de Salud y sus viceministros, con el Superintendente del sector y con las principales autoridades gubernamentales del sector y con representantes de la Procuraduría. Entre todos no solo construyeron allí una visión panorámica del sector, sino que identificaron rezagos y falencias que deberán ser superadas mediante una estrategia que no se detendrá en simples medidas paliativas contra la crisis de la que estamos saliendo.
Se abre paso un consenso sobre la necesidad de que una de las soluciones estructurales más urgentes que requiere el sistema: la unificación de los regímenes subsidiados y contributivo, de modo que desaparezcan los trastornos generados por su dispersión.
Un punto de especial interés, que demostrará que hemos aprendido las lecciones recientes, es que garanticemos la sostenibilidad financiera de los proyectos para ampliar el número de las Unidades de Cuidado Intensivo para que cualquier nueva emergencia no vuelva a tomarnos por sorpresa respecto a su capacidad.
En este escenario no debe perderse de vista que la atención a los migrantes, que honra la tradición humanitaria de Colombia, genera fuertes cargas fiscales y que es necesario atender con solvencia.
Una medida complementaria indispensable es imprimirle una mayor dinámica al Acuerdo de Punto Final y tomar las medidas necesarias para que los departamentos que han pedido plazos adicionales para atender enormes obligaciones puedan hacerlo sin apremios. Al respecto el ministerio de Salud dio durante el Reencuentro de los secretarios de Salud noticias alentadoras en este frente. Ya están en proceso de auditoría cuentas por un valor superior a los $7 billones, de las cuales ya están saldadas $1,2 con aportes del orden de los $439.000 millones de las entidades territoriales y de los $790.000 millones cofinanciados por la Nación. Los pagos mejorarán la situación de hospitales, clínicas e IPS, que destinaron sus mejores esfuerzos y recursos en la atención de los pacientes contagiados durante la crisis de la covid-19.
No existen dudas sobre la necesidad de poner al día el Programa Ampliado de Vacunación (PAI) para contrarrestar los riesgos generados por enfermedades como el tétano, la difteria, la tos ferina, la parotiditis y la polio que pudieron haber recobrado terreno durante la pandemia. No podemos perder de vista que entre las enfermedades transmisibles el dengue está causando en algunas regiones efectos más preocupantes que el coronavirus.
El consenso se extiende a la próxima expedición de lineamientos de las nuevas rutas para la atención de enfermedades no transmisibles como el cáncer, las alteraciones cardiacas y cerebrovasculares y los trastornos de la salud mental que exigen un manejo ágil y con rostro humano.
Las perspectivas del Plan prometen también una atención de fondo la situación que enfrentan los hospitales públicos. El terreno para la adopción de estrategias novedosas será abonado en mesas de trabajo con aseguradores y prestadores y el complemento de medidas de peso específico como ajustes en la contratación entre EPS e IPS para la prestación del PBS.
Es un hecho que El 80 % de los hospitales públicos del país deben estructurar programas con intervenciones que implican inversión de recursos que las entidades territoriales no tienen. Por eso es justo reconocer los esfuerzos hechos por Findeter para desembolsar $1,2 billones al sector para apalancar 369 proyectos de empresas públicas y privadas.
La necesidad de contar con mayores garantías jurídicas tanto para el sistema como para los prestadores hacen que el sistema de las EPS y las ARL requiera una reglamentación ajustada a las necesidades. Pero por encima de cualquier otra consideración, requerimos con urgencia una reforma integral a la salud.
En este panorama de logros y desafíos no podemos ignorar los importantes avances obtenidos con la Ley de Presupuesto para 2022 que autoriza al Gobierno para realizar operaciones de crédito en beneficio de la cofinanciación del pago de las deudas por servicios de salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago de Capitación del régimen subsidiado.
Por todas estas razones, el Plan Decenal está llamado, con optimismo razonable, a ampliar los horizontes del fortalecimiento de la salud en nuestro país.