miércoles, 12 de octubre de 2022
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Columna del director
Las seis claves del PND
Por: Didier Tavera Amado
La cumbre nacional de gobernadores que se acaba de deliberar en Caquetá sirvió para ampliar el espectro de participación colectiva y democrática que el presidente Gustavo Petro decidió darle a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Allí, los departamentos tuvieron la oportunidad de presentarle al mandatario una propuesta integral que incluye seis grandes transformaciones útiles para que la arquitectura institucional y las políticas públicas se adapten al objetivo superior de la paz total.
Los seis grandes hitos que demarcarán ―desde la perspectiva de las regiones― la hoja de ruta de la Colombia del nuevo cuatrienio se concentran en frentes medulares y sensibles: el ordenamiento territorial, la seguridad humana, la seguridad alimentaria, la transición energética, la convergencia social-regional y la estabilidad macroeconómica.
Cada estrategia contenida en un estudio técnico y riguroso, preparado por los gobernadores y coordinado por la Federación Nacional de Departamentos, contiene pilares novedosos que, como lo reconoció con espíritu abierto el Gobierno nacional, constituyen insumos sustanciales para impulsar la nave del desarrollo nacional. Bien vale la pena reseñar algunos de los más importantes por su importancia estructural y coyuntural.
Las lecciones aprendidas con las olas invernales y otras emergencias nos enseñan que la gestión del riesgo debe contemplarse en los instrumentos de planificación territorial, como los POT. Visto el problema en conjunto, ha llegado la hora de crear un programa de descontaminación a nivel departamental que contenga un estricto control a las emisiones generadas por la industria y las fuentes móviles. También de generar un programa de negocios verdes integrado a un plan nacional de comercialización, dotado de asistencia técnica y tecnológica y atributos para la exportación.
No hay duda de que las reformas en el sector agropecuario requieren del uso eficiente del catastro multipropósito y necesitan que los departamentos asuman un nuevo papel como gestores catastrales de los municipios, independiente de su categoría. Se trata de un proceso que debe servir para formalizar la propiedad de la tierra y para su integración al aparato productivo.
A juicio de los departamentos, las políticas públicas en el sector educativo deben estar orientadas al rescate y reivindicación del conocimiento. En esa medida, los procesos de convalidación de saberes y conocimientos ancestrales con el sistema educativo formal protegerían simultáneamente el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Los docentes, garantes de la transmisión del conocimiento, deberán acceder a mayores garantías laborales, capacitación y ascensos.
La reforma al Icetex, que ya cuenta con buen ambiente en el Congreso, tendría como punto neurálgico la condonación de créditos a los jóvenes mediante el fortalecimiento de las líneas de fomento del Ministerio de Educación Nacional.
Para que la salud no genere más dolores de cabeza sería preciso adoptar un modelo de atención basado en el portafolio de servicios que evite la competencia y se financie gracias a su calidad y a sus alcances en términos de prevención, promoción y prestación. Es aconsejable generar cobertura sanitaria universal para atender las personas con afectaciones de salud mental, sin discriminaciones de ningún tipo. El nuevo mapa administrativo de este servicio debe propender por el fortalecimiento de la gobernanza, acorde con las capacidades departamentales.
La seguridad, está claro, ya no será un asunto exclusivo de la fuerza pública. Serán bienvenidos los grupos interdisciplinares e interinstitucionales permanentes de apoyo al diálogo social en los territorios para establecer mecanismos de resolución de conflictos. Las Fuerzas Militares y de Policía son susceptibles de una reorganización en línea con las condiciones demográficas, geográficas y sociales de los territorios.
La política criminal del Estado está llamada a producir un diagnóstico actualizado sobre la función resocializadora de la pena, de manera que quienes ya la han cumplido y aquellos que todavía la purgan tengan garantía real de reincorporarse la sociedad.
El nuevo mapa geopolítico y el fenómeno de las diásporas aconsejan fortalecer la política de fronteras con tecnología para un mayor control migratorio.
Desde la misma perspectiva humanitaria, podemos ser capaces de hacer de Colombia una potencia agroalimentaria mundial generando sellos de origen en productos locales de alta calidad cuya producción garantice prácticas responsables con la biodiversidad.
Las propuestas de origen regional le apuestan también a que el Estado adopte interventorías científicas, ambientales, técnicas, administrativas y financieras para fortalecer la seguridad alimentaria y la comercialización sostenible a través de sistemas de producción de cultivos nativos y fértiles.
Las fibras del tejido económico y fiscal de la Nación y sus regiones se fortalecerían con medidas prácticas como la alineación y recomposición de los subsidios nacionales. De esa manera, su focalización se enmarcaría en el cierre de brechas económicas y sociales.
Los mapas del Sistema General de Participaciones (SGP) y del régimen tributario de las entidades territoriales podrían ser sometidos a una necesaria recomposición. Aquí sería clave revisar la fórmula de distribución, aumentar las transferencias, flexibilizar el gasto y coordinar los recursos de inversión y funcionamiento de acuerdo con las cambiantes necesidades de los territorios.
El nuevo plan, bien puede abrirle espacio a una reforma al Sistema General de Regalías para conseguir, entre otros beneficios, que los ingresos provenientes de un recurso no renovable puedan ser destinados a inversiones con enfoque e impacto regional en sectores sociales que han estado rezagados históricamente.
Vendría bien aumentar el acceso a herramientas de crédito público interno y externo para generar mayor autonomía y sostenibilidad fiscal de los departamentos, a través de la pignoración de recursos futuros y habilitación de alianzas con entidades multilaterales de crédito y agentes del mercado de capitales. Es indispensable generar las condiciones para modernizar y agilizar el sistema de ingresos de las entidades territoriales.
Se trata así de estimular una discusión abierta y desprovista de sesgos y prevenciones. Una discusión en la que sea oída y valorada la voz de las regiones, desde la perspectiva de los principios fundamentales de la descentralización y la autonomía.
*Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.