La reforma al Sistema General de Regalías (SGR), su reglamentación y fortalecimiento administrativo y técnico han supuesto enormes esfuerzos y aportes del gobierno nacional, las administraciones territoriales y el Congreso de la República, así como ha abierto espacios para la participación de la ciudadanía en la preservación y un buen uso de los recursos comprometidos en el desarrollo regional.
Las reformas de fondo han venido surtiendo efectos positivos en el ámbito de las iniciativas de amplio calado social financiados con esta fuente. Los avances se pueden ilustrar hoy con cifras concretas, relacionadas tanto con la nueva dinámica de la aprobación de proyectos por parte de los Órganos Colegiados de Administración (OCAD) como con la apertura de convocatorias para la presentación de proyectos y la ejecución de los recursos.
Veamos: para el bienio 2021-2022 el OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación —terreno en el que los territorios presentaban rezagos históricos— aprobó diez convocatorias por 904.000 millones de pesos, es decir, por el 81 % de los recursos disponibles que suman $ 1,1 billones.
La sostenibilidad, un requisito de carácter universal en los procesos de desarrollo económico y social, se ha convertido, por primera vez, en el eje transversal de la planeación y ejecución de las iniciativas. Tanto así que, de los $ 139.000 millones disponibles para el sector medioambiental, se han comprometido $ 119 mil millones —esto es el 86 % del total— en dos convocatorias hechas por el Ministerio del Medioambiente y Desarrollo Sostenible. Como era de esperarse, la respuesta de las entidades territoriales ha sido favorable y están en cierre de proyectos que en poco tiempo exigirán la disposición completa del monto disponible.
La clave para su ejecución estará en la eficiencia. Los esfuerzos en esa dirección se verán fortalecidos en la medida en que se amplíe el espectro de la participación de operadores científicos y técnicos, de la academia y la propia ciudadanía.
Estos signos positivos se advierten en medio de la complejidad natural del trámite de aprobación de los proyectos que, de mantenerse estas expectativas, serán cada vez más expeditos. El compromiso que se advierte en el campo de la convocatoria permite abrigar esa expectativa. En materia de ciencia y tecnología, insisto, las iniciativas se están acoplando a las necesidades de los departamentos.
Otro signo positivo es que ya existe una región que alcanzó la meta del 100 % de las aprobaciones. Se trata del Caribe, donde el OCAD acaba de darles vía libre a proyectos de inversión social que dispondrán de inversiones por $ 188.000 millones. Es un logro en beneficio de los habitantes de la región y de la reactivación económica que hoy avanza, de manera promisoria en el país.
Viendo el panorama positivo, debemos hacer un reconocimiento al compromiso e iniciativa del Departamento Nacional de Planeación y la Consejería de Regiones, que han trabajado junto a los entes territoriales por lograr importantes avances. En la última escala de medición de desempeño del manejo de regalías que hizo el DNP, con puntajes que van de uno a cien, ya hay 19 departamentos que se aproximan a los 80 y algunos, como Casanare, Antioquia y Valle que, junto con Bogotá, superan los 90 puntos. En todas las demás regiones ha habido avances sustanciales.
Las reformas adoptadas recientemente han servido para superar, de manera progresiva y estable, problemas de formulación y supervisión e intervención técnica que antes afectaban la viabilidad y la ejecución misma de los proyectos.
Esas reformas estimulan, simultáneamente, la buena marcha de los procesos de descentralización y autonomía añorados por las regiones y exigidos por la Constitución Política. La nueva dinámica del Sistema General de Regalías se suma a instrumentos sustanciales como la Ley de Regiones y a realidades palpables como el avance de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) que han dado luz a proyectos conjuntos de varios departamentos.
Ya no puede haber retrocesos en este avance y los nuevos horizontes que se advierten en la inversión de los recursos de regalías, que en el último bienio sumaron $ 23,09 billones —una cifra comparable al 6,6 % del Presupuesto General de Nación— debe mantenerse despejado, con el compromiso adicional de que los recursos que faltan por comprometer se haga en el primer semestre del año.