sábado, 09 de octubre de 2021
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Columna del director
Los nuevos desafíos de la migración
Por: Didier Tavera Amado
Mientras que en la conciencia latinoamericana aun retumba la dramática cifra del 94,5 por ciento alcanzado por el nivel de pobreza en Venezuela, Colombia oye con cautela y esperanza moderada los anuncios sobre la reapertura gradual de la frontera en beneficio, fundamentalmente, de la actividad comercial con un vecino que históricamente había sido su mayor socio de negocios.
Esos dos elementos representan nuevas aristas para el complejo problema de la migración, que hasta ahora nuestro país ha podido sortear al acoger al 34,65 por ciento del total de los migrantes venezolanos que buscan un mejor destino más allá de las líneas divisorias.
El impacto fiscal de la diáspora en Colombia ha sido enorme y se aproxima ya a los $6 billones, es decir, a 0,6 puntos del producto interno bruto, de acuerdo con estimativos del Fondo Monetario Internacional. La presión sobre el gasto público es constante y tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales han tenido que soportarla para atender a una comunidad que, independiente de su estatus migratorio, es titular de derechos fundamentales.
El esfuerzo fiscal se ha convertido muchas veces en sinónimo de sacrifico para todos los departamentos y en especial para los fronterizos, que han acogido sin reservas, sin xenofobia, a personas que en la práctica son víctimas de una especie de desplazamiento de facto.
Los cerca de 1,8 millones de venezolanos que de acuerdo con Migración Colombia se encuentran establecidos en nuestro país, han tenido garantizado su acceso progresivo a los servicios de salud y educación. El de salud, en particular, lo han recibido incluso a expensas de la creciente deuda del sistema con los hospitales públicos. La Gerencia de Fronteras ha precisado que 1,1 millones de migrantes recibieron entre 2017 y 2020 atención de urgencia hospitalaria en 9,7 millones de consultas y demandaron gastos aproximados a los $410.000 millones.
Si en verdad se concreta, la reapertura gradual de la frontera, impulsada por los gremios de la producción de los dos países, no tendrá efectos neutros. Más allá de los beneficios para el comercio transfronterizo -que los tendrá- implica un mayor flujo migratorio atribuible a la pobreza galopante, certificada por una institución tan seria como la Universidad Andrés Bello. Es previsible que ya no todos los migrantes tendrán que aventurarse por trochas o pasos clandestinos, pues la reapertura inicial de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hará que decrezca paulatinamente la presión de las autoridades sobre 2.200 kilómetros de línea fronteriza.
Por todo eso ha sido más que oportuna la Cumbre Nacional de Gobernadores que esta semana deliberó a fondo sobre el tema y sirvió para mirar estratégicamente, con visión de futuro, cómo serán articulados los nuevos esfuerzos que deben desplegar conjuntamente el gobierno nacional y los entes territoriales para disponer de los recursos que demandarán las nuevas circunstancias.
Cabe destacar que hasta hoy se han producido avances normativos para regularizar una franja importante de población venezolana acogida en Colombia, lo que redundará a la postre en beneficio de la productividad y del ingreso fiscal. Gracias a un Estatuto Temporal de Protección, 1,3 millones de personas lograron ya su registro en el país.
Uno de los mayores aportes en este campo lo ha hecho el Congreso de la República con la Ley de Fronteras, un régimen especial para los departamentos, los municipios y las áreas no municipalizadas declarados zonas de frontera, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución Política, con el objeto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, generar un impacto positivo para el desarrollo y fortalecer los escenarios de integración en las zonas fronterizas con los países vecinos.
Más que coyuntural, el encuentro de la nación con sus territorios -valga la figura- era necesaria porque por estos días conmemoramos el bicentenario de la Constitución de 1821 de Villa del Rosario, que sentó las primeras bases para las definiciones sobre los derechos fundamentales y para el ordenamiento territorial que ahora debe avanzar con las nuevas dinámicas de la descentralización y la autonomía.