El compromiso que acaban de adquirir solidariamente el Gobierno nacional y las administraciones regionales sobre la adopción de un plan de choque para el empleo juvenil en los territorios con Programas de Enfoque Territorial (PDT), es una iniciativa de enorme trascendencia social que debe convocar el respaldo de toda la sociedad.
Se trata de generar más y mejores oportunidades para las nuevas generaciones de 170 municipios de 19 departamentos que en el pasado reciente hacían parte del meridiano del conflicto armado de distintas formas de violencia que laceraban a sus comunidades.
En plan será financiado principalmente con recursos que tendrán origen en la fuente de asignación para la paz del Sistema General de Regalías, con el respaldo técnico y el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos y la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación.
La iniciativa interpreta los clamores de miles de jóvenes que por estos días han salido a las calles a reclamar precisamente mejores opciones para construir proyectos de vida. Esta estrategia será susceptible de perfeccionamiento en los diálogos regionales liderados los gobernadores con el respaldo del Gobierno Nacional.
Estas iniciativas en los territorios PDET deben replicarse progresivamente en todo el país, especialmente en las ciudades capitales de los departamentos, pues como lo demostró el Dane, para febrero de 2020, el porcentaje de jóvenes que no estaban trabajando y tampoco estudiaban -es decir, los llamados ‘ninis’- era de un 27,7 por ciento. Eso sin tener en cuenta la brecha de género, que representa un reto todavía mayor, pues según el sexo, las mujeres jóvenes se han visto aún más afectadas, especialmente en algunos departamentos del Caribe y el Pacífico.
El plan de choque debe estar en la agenda nacional, no solo de manera transitoria o coyuntural, sino permanente. Se debe llegar hasta los lugares más recónditos, donde los jóvenes están alejados de los sistemas de capacitación y empleo. Es preciso coordinar los servicios de capacitación y empleo, de manera que la oferta educativa esté alineada con las necesidades del sector productivo.
En esa misma línea, hay que buscar financiación para que la propuesta del Gobierno, que pretendía que el Estado asumiera el aseguramiento en salud, cotización en pensión y parafiscales, y los empresarios solo la cotización al Sistema de Riesgos Laborales, sea una realidad en jóvenes menores de 28 años.
Estoy convencido de que expresiones de este orden cerrarán el paso a quienes desde la sombra enarbolan las banderas de la anarquía y pretenden convencer a los demás que el diálogo debe ser interpretado táctica y oficiosamente como sinónimo de debilidad institucional.
Los espacios construidos con las herramientas de la participación proactiva dejan en segundo plano las posibilidades de que sea necesario acudir a mecanismos excepcionales, como lo sería la declaratoria de un estado de conmoción, en los que las libertades públicas - respetadas incluso en momentos en que la protesta se desbordó por obra del vandalismo- sean restringidas por obra de las circunstancias.
Todos estamos llamados a atender los clamores de los jóvenes y de todos los sectores de la sociedad empeñados en la búsqueda proactiva de soluciones a la crisis social. La solución no radica solo en el ejercicio de las competencias de los poderes públicos. El Estado Social de Derecho tiene como componente vital la participación ciudadana, entendida en su acepción más amplia.
Soluciones como la emprendida en los territorios PDET sirven para comprobar que la institucionalidad conserva su vigor. Las soluciones concertadas no excluyen, por supuesto, la acción vigorosa de las autoridades y de la administración de Justicia, en particular, para sancionar los excesos ocurridos en todas las orillas de la protesta.
Los recursos que necesita el país, en medio de las innegables urgencias fiscales, pueden ser obtenidos mediante la aplicación expedita de las fórmulas que surjan del consenso que todos anhelamos.
Como sociedad tenemos un reto enorme y estructural, pues los jóvenes en Colombia, en contraste con el ciclo demográfico de otros países, se encuentran en plena etapa productiva, pero sin oportunidades. Hay esperanza y oportunidades cuando se demuestra que en el primer trimestre la economía del país creció el 1,1 por ciento, por encima de las expectativas.
Hay esperanzas cuando las reformas estructurales prestan la atención necesaria a las nuevas generaciones.