En la Comunidad de Inteligencia -denominación que reciben las agencias estatales que trabajan en la detección de amenazas para la seguridad nacional, como activo vital para los Estados- la Policía Nacional de Colombia goza de un prestigio y un reconocimiento excepcionales por los resultados que históricamente ha obtenido en este frente.
Su Dirección de Inteligencia (DIPOL) es hoy un referente obligado para los estudiosos de esa especialidad en sus dimensiones táctica, operacional y estratégica. Ese prestigio se ha forjado en cumplimiento de los desafíos planteados por los carteles de las drogas y por los grupos armados de distintas denominación y origen que han permeado sensibles sectores de la sociedad colombiana.
El trabajo de hombres y mujeres que integran ese cuerpo sólido, y altamente especializado, ha sido vital para neutralizar varias de las amenazas que se ciernen sobre la seguridad del Estado y de la ciudadanía misma, particularmente en aquellos departamentos y regiones por los que ha pasado el meridiano de una guerra de medio siglo.
Sus procedimientos son técnicos y rigurosos y desvirtúan la creencia estimulada por algunos sectores de extrema que pretenden convertir la expresión “inteligencia” en sinónimo de violación de los derechos humanos y garantías individuales, sobre todo a partir de la crisis del DAS y de su posterior desaparición. “Inteligencia” es información altamente calificada y sistemáticamente procesada con sujeción a unos parámetros claros desde el punto de vista constitucional y legal.
Técnicos y rigurosos son también los procedimientos de otra agencia de la Policía Nacional cuyo prestigio también trasciende fronteras: la Dirección de Policía Judicial e Interpol (DIJÍN). De acuerdo con la calificación de sus pares y de operadores judiciales de varios países, es uno de los mejores servicios de policía judicial del continente y uno de los más acreditados a la hora de apoyar operaciones transnacionales contra el crimen organizado. Hoy la DIJÍN es uno de los principales soportes con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación. Una y otra, la DIPOL y la DIJÍN, están integradas por policiales que tienen una formación integral en varias ciencias y disciplinas y están preparados para actuar con sentido estratégico e incluso con visión geopolítica cuando las amenazas provienen del exterior.
Me he detenido en esta reflexión, combinada con los atributos de esas dos unidades, con el propósito de advertir que la reforma anunciada por el nuevo gobierno en materia de Defensa y Seguridad deberá ser especialmente cuidadosa para que el país no pierda activos tan importantes como los que hoy hacen parte de las capacidades de la Policía colombiana.
Su eventual escisión del Ministerio de Defensa para adscribirla a otra cartera cuyo génesis y estructura aún no son claros, podrían causar más trastornos que beneficios. Aunque algunos críticos insistan en lo contrario, la Policía Nacional es un cuerpo civil, no militar, así haga parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. Su actual composición y organización es la que le ha permitido articular esfuerzos con las Fuerzas Militares (Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea) para integrar un tándem que ha servido para que, pese a las graves crisis que hemos vivido, se preserve el ordenamiento democrático y la estabilidad social.
Transformar la Policía en un ente distinto, sujeto a una estructura administrativa no especializada, podría significar echar por la borda buena parte de su cualificación e incluso exponerla a entrar en conflicto por competencias y fueros con otros organismos con los que hoy trabaja unida alrededor del objetivo de la recuperación de la paz y la convivencia ciudadana.
Comencé por destacar su especialidad de Inteligencia, y sus excelsas capacidades para auxiliar a la administración de justicia, porque hacen parte de los rasgos más importantes de nuestra Policía, que hoy son insumos vitales para la toma de decisiones en materia de Defensa y Seguridad por parte de la Presidencia de la República. Pero sin duda, hay muchas más y no menos valiosas. Una de ellas es la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), cuerpo con el que la Federación Nacional de Departamentos mantiene una productiva alianza estratégica en la tarea de combatir el contrabando.
Por todo eso, el Congreso y el Ejecutivo deberán proceder con suma cautela a la hora de impulsar una reforma en la que están juego los bienes supremos de la paz y la seguridad. La vocación de servicio y sacrificio que hoy, con su estructura actual, ofrece la Policía Nacional deben ser valorados por el país entero en momentos en que las mafias organizadas del llamado Clan del Golfo -uno de sus blancos que está en camino hacia la desarticulación total- toman contra ella sangrientas represalias a través de criminal y cobarde “plan pistola”. La respuesta solidaria del Estado y la sociedad toda deben ser contundentes.