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El costo del centralismo: gasto creciente e inversión en retroceso
sábado, 13 de septiembre de 2025
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Columna del director
El costo del centralismo: gasto creciente e inversión en retroceso
Por: Didier Tavera Amado
El debate que tendrá lugar en el Congreso de la República sobre el Presupuesto General de la Nación debe abordarse desde la realidad que vive el país: Colombia no ha cumplido el mandato de la Constitución de 1991, mantiene un modelo profundamente centralista, paternalista y dependiente, que está arriesgando la sostenibilidad económica y fiscal del país y de las entidades territoriales que se encuentran en un grave situación financiera con limitada capacidad para impulsar su desarrollo social, ambiental y económico.
Las consecuencias de estas nocivas e históricas dinámicas del modelo económico del Estado, son diversas: en primer lugar, la nación concentra la mayoría de las fuentes de financiación. Hoy el 46 % de los ingresos tributarios de los departamentos proviene de los impuestos al consumo de licores y cigarrillos, el “impuesto al vicio”. Una estructura tributaria de esta naturaleza condena a las regiones a depender de rentas poco productivas y sin crecimiento progresivo. Mientras el 81% de los impuestos recaudados lo administra la Nación, los departamentos y municipios apenas acceden al 5 % y 14 % respectivamente. Esta distribución no sólo afecta a las entidades territoriales, también afecta la prestación de los servicios a la población.
Un segundo aspecto que da cuenta del centralismo, se evidencia en los porcentajes de aporte al Producto Interno Bruto. Según el DANE (2024), el 56,2% del total del PIB nacional se concentra en: Bogotá D.C. (25,2 %), Antioquia (14,8 %), Valle del Cauca (9,7 %) y Santander (6,4 %). Esto significa que más de la mitad de la riqueza del país se genera en solo cuatro territorios, que coinciden además con los que agrupan mayor población, mientras vastas regiones permanecen marginadas de las dinámicas productivas y del progreso que ellas conllevan.
Sumado a lo anterior, el desbalance del presupuesto es alarmante. Hace una década que el presupuesto destinado a inversión no aumenta. En 2015, por cada peso invertido se requerían 2,6 pesos de funcionamiento con un funciona; en 2026, de acuerdo con el Proyecto de Ley presentado, por cada peso de inversión esa relación será del 4,3, destinando 365.7 billones para funcionamiento y solo 88.7 billones para inversión social. Estas cifras deben llamar la atención: no podemos seguir financiando un gasto excesivo a costa de condenar la inversión. Esta es otra cadena: la del gasto improductivo que engorda la burocracia central mientras limita el desarrollo regional.
Además de lo anterior, tal y cómo está planteado el proyecto de presupuesto, se insiste en un modelo económico de lógicas sectoriales que desconocen y desaprovechan los potenciales regionales y las especificidades de cada territorio. No es menor el dato de que hoy los ingresos y las divisas que acumulan las transferencias de los colombianos en el exterior (5.324 millones de dólares), ya casi igualan los ingresos por exportación de petróleo (5.356 millones de dólares); o que cerca del 4 % del PIB proviene de economías subterráneas -según el Banco de la República-. Ambas situaciones no sólo evidencian una fuga del capital humano y económico de la Nación, sino que también reflejan fragilidad estructural y falta de oportunidades de desarrollo productivo en amplias zonas del país.
Los entes territoriales confían en que la Ley de Competencias será la llave para superar estos obstáculos. Pero aún ante este proyecto, la Nación deberá asumir el reto de diversificar y potenciar las economías regionales a partir de las ventajas únicas de cada territorio. El turismo, la infraestructura, el transporte multimodal, la atracción de inversión extranjera y el fortalecimiento de cadenas productivas locales son caminos evidentes, pero requieren de condiciones de seguridad, competitividad y coordinación real entre todos los niveles de gobierno.
La subsistencia económica del país depende del avance en dirección a una descentralización efectiva. Pero para consolidar la autonomía fiscal no solo urge lograr mayor flexibilidad de los presupuestos de inversión social desde y en los territorios, es prioritario identificar los gastos excesivos que provienen de la duplicidad de funciones Nación-territorio. Lo anterior no son concesiones, son la condición indispensable para alcanzar un Estado eficaz y eficiente que construya riqueza equilibrada, productiva y sostenible desde todos los rincones de Colombia, sin depender del centralismo asfixiante; queda demostrado que la riqueza se genera en las regiones.